El más conocido de sus ámbitos de actuación es la accesibilidad de los contenidos web aunque transciende el mismo con medidas como la utilización de la compra pública como palanca del desarrollo de productos inclusivos, la multicanalidad de los servicios públicos o la colaboración social en la superación de la brecha digital.
Es importante resaltar que los efectos sociales de la e-inclusión en los servicios públicos electrónicos va más allá de hacer accesibles los mismos a aquellos con limitaciones económicas o de conocimiento. Unos servicios públicos más inclusivos son utilizados más por el conjunto de los ciudadanos, que encuentran los mismos más utilizables, convirtiéndose en vector de crecimiento del uso de la Administración Electrónica. Esta circunstancia, ha hecho de la Administración Electrónica Inclusiva una prioridad en el desarrollo de los servicios públicos electrónicos en España, en particular, y Europa, en general, desde la Declaración Ministerial de Manchester (2005).